Los Hidrocarburos Bolivianos, un amor y odio...
Pues la novela continúa, ¿cómo no lo iba a hacer? Si esto nos dará mucho para comentar o escribir durante años, al paso que van... AHora, con la noticia de "Los contratos petroleros quedan en un limbo jurídico", veo que la cosa sí que va para muy largo...
Para hacerles un "miniresumen", el tribunal Constitucional del País Andino dice (por medio de un comunicado aclaratorio) que nunca avaló la constitucionalidad de los contratos firmados entre el Estado y las compañías petroleras, que, su fallo, fue en cuanto a la constitucionalidad del decreto por el que se aprobaba el modelo de contrato a firmar entre el estado y las empresas para dichos hidrocarburos, está claro, que si el recurfo fue presentado contra un decreto, este no se podría pronunciar sobre los contratos.
Ahora, el problema de los contratos es que, al parecer, necesitan el refrendo del Congreso Boliviano para considerarlos válidos, y en ninguno de los 76 contratos ha pasado por ese visto bueno que daría (o no) el congreso, así que ninguno es ¿válido? (no es lo mismo hablar de validez que de eficacia, y no me fío un pelo del lenguaje que usan los periodistas para referirse a los temas jurídicos, tampoco me atrevo a pronunciarme al respecto de nada que tenga que ver con el Derecho Boliviano, por desconocimiento, puedo hacer ciertas aproximaciones, basándome en que es un Derecho de tradición continental...), y ahora, parece ser, en vez de pasar por la mesa del congreso esos 76 contratos, quieren (algunos) cambiar dichos contratos, por unos que digan que la propiedad de los hidrocarburos es del Estado, y así aumentar algo los ingresos por regalías y demás. Todo ello bien condimentado por un descubrimiento de contrabando de petróleo por parte de una de estas empresas...
Tampoco se dice que los contratos sean nulos, si no que aún no son válidos, que no es exactamente lo mismo, tienen un claro vicio, que es la falta de refrendo por parte del Congreso, pero ello no significa que las petroleras no puedan demandar al Estado en base a esos contratos, y ya le tocará al estado realizar una reconversión alegando, en su caso, la nulidad de dichos contratos, no veo que esto sea un impedimiento para las empresas al acceso a los tribunales (los que sean competentes), más aún, ellos tienen un compromiso por parte del ejecutivo de llevar esos contratos al congreso para ver si estos los refrendan o no, y ese derecho sí que se les tiene que respetar, ahora, que el Congreso no avale ninguno de los contratos es otra cosa, y no depende de su nulidad, si no de una decisión por parte del legislador que puede tomar. Por otra parte, los gastos realizados en el caso de una declaración de nulidad o una negativa de refrendo, al ya haber pasado más de un año (que serán sonsiderables) en parte debieran poder ser indemnizados, y las expectativas creadas por los contratos aún no válidos, la actuación del Estado como si ya fueran totalmente válidos, y demás, también se debieran tener en cuenta en todo este embrollo.
Bueno, esperaremos a ver como se va resolviendo esta cuestión, y que dicen los dos actores políticos más ¿importantes?, como son el Presidente Mesa y el líder del MAS, principal opositor y paralizador del país, Evo Morales.
Un último apunte: No sé que tan beneficioso sea que los pobladores de una localidad pudiesen decidir sobre si un contrato firmado y válido pueda ejecutarse... Creo que, en todo caso, debieran tener (lo mejor) una posición importante en las negociaciones del Contrato y en la especificación de la ejecución, pero tampoco totalmente determinante...
Para hacerles un "miniresumen", el tribunal Constitucional del País Andino dice (por medio de un comunicado aclaratorio) que nunca avaló la constitucionalidad de los contratos firmados entre el Estado y las compañías petroleras, que, su fallo, fue en cuanto a la constitucionalidad del decreto por el que se aprobaba el modelo de contrato a firmar entre el estado y las empresas para dichos hidrocarburos, está claro, que si el recurfo fue presentado contra un decreto, este no se podría pronunciar sobre los contratos.
Ahora, el problema de los contratos es que, al parecer, necesitan el refrendo del Congreso Boliviano para considerarlos válidos, y en ninguno de los 76 contratos ha pasado por ese visto bueno que daría (o no) el congreso, así que ninguno es ¿válido? (no es lo mismo hablar de validez que de eficacia, y no me fío un pelo del lenguaje que usan los periodistas para referirse a los temas jurídicos, tampoco me atrevo a pronunciarme al respecto de nada que tenga que ver con el Derecho Boliviano, por desconocimiento, puedo hacer ciertas aproximaciones, basándome en que es un Derecho de tradición continental...), y ahora, parece ser, en vez de pasar por la mesa del congreso esos 76 contratos, quieren (algunos) cambiar dichos contratos, por unos que digan que la propiedad de los hidrocarburos es del Estado, y así aumentar algo los ingresos por regalías y demás. Todo ello bien condimentado por un descubrimiento de contrabando de petróleo por parte de una de estas empresas...
Tampoco se dice que los contratos sean nulos, si no que aún no son válidos, que no es exactamente lo mismo, tienen un claro vicio, que es la falta de refrendo por parte del Congreso, pero ello no significa que las petroleras no puedan demandar al Estado en base a esos contratos, y ya le tocará al estado realizar una reconversión alegando, en su caso, la nulidad de dichos contratos, no veo que esto sea un impedimiento para las empresas al acceso a los tribunales (los que sean competentes), más aún, ellos tienen un compromiso por parte del ejecutivo de llevar esos contratos al congreso para ver si estos los refrendan o no, y ese derecho sí que se les tiene que respetar, ahora, que el Congreso no avale ninguno de los contratos es otra cosa, y no depende de su nulidad, si no de una decisión por parte del legislador que puede tomar. Por otra parte, los gastos realizados en el caso de una declaración de nulidad o una negativa de refrendo, al ya haber pasado más de un año (que serán sonsiderables) en parte debieran poder ser indemnizados, y las expectativas creadas por los contratos aún no válidos, la actuación del Estado como si ya fueran totalmente válidos, y demás, también se debieran tener en cuenta en todo este embrollo.
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8 comentarios
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